Guerra contra las Drogas=Guerra contra la Gente
Nosotras y nosotros, ecuatorianas y ecuatorianos,
ciudadanos consumidores y ciudadanos no consumidores, libre y voluntariamente,
con la motivación plena y activa en la construcción del Régimen del Buen Vivir,
a través de procesos permanentes de construcción del Poder Popular y en plena
comprensión de que “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el
fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder
público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”.
(Art.1 principios fundamentales de la Constitución de 2008).
Presentamos en carta pública al “Estado constitucional de
derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico” (art.1), algunas reflexiones que
proponemos se fundamenten en el principio de deliberación pública de una
problemática altamente sensible que ha sido capaz de destruir la cohesión del
tejido social sobre el cual descansa el efectivo goce de los derechos
establecidos en el pacto social vigente (Constitución, 2008).
La Difusión y la Educación debe considerarse como un
aspecto sobre el cual debemos generar contenidos conjuntamente entre el Estado
y los ciudadanos, mismos que debemos ser conscientes que una política pública
soberana y contra-hegemónica que propicie un cambio efectivo de la matriz
productiva, debe sustentarse en la discusión en la esfera pública de opinión.
Nuestras reflexiones nacen así desde el pensamiento
crítico frente a las realidades de modelos hegemónicos de control social
mediante los cuales la “guerra contra las drogas es en realidad una guerra
contra las personas”. Esto lo podemos ejemplificar sustentándonos en un
informe generado por la Defensoría Pública y el Colectivo de Estudios Drogas y
Derechos, y sobre el cual mostramos la coincidencia frente a la urgente necesidad
de generar:
- La proporcionalidad para la construcción de criterios de autoría y participación, basada en el establecimiento de roles, diferenciando de esta forma el reproche penal de los tráficos a gran escala con los de menor rango.
- La proporcionalidad de las penas, estructurada bajo la determinación de una breve escala de castigo que evite desbordar el tiempo del encierro, distinguiéndose así de los delitos que comportan típicamente violencia como el homicidio o la violación.
- La proporcionalidad para la determinación de los umbrales, legitimándose de esta forma los urgentes y necesarios criterios para el establecimiento de dosis legales para el uso o consumo, con el fin de evitar criminalizar “técnicamente” al consumidor o usuario de drogas a través de subjetivos y disímiles peritajes o sentencias. (DEFENSORIA PÚBLICA/CEDD: 2012)
Esta política de sumisión a los designios imperiales, lo
único que ha logrado es criminalizar a los más pobres, esto se demuestra en el
hecho de que la principal causa por la que los ecuatorianos van presos son las
violaciones a la ley 108. Actualmente el 25,15% de los presos en nuestro país,
es decir, 5283 personas se encuentran detenidas por nuestra incapacidad de
superar ésta lógica de sumisión (MJDHC 2013). Para 2010 entre el 75% y el 85%
de las mujeres detenidas en el Ecuador estaban tras las rejas acusadas por
delitos relacionados a “drogas” (INFORME WOLA: 2010).
Esta política aparece totalmente injustificada, cuando
según datos del CONSEP, el consumo de marihuana, la sustancia psicoactiva
ilegal de más uso en nuestro país y en el mundo, no alcanza una ni el 0,7% de
prevalencia anual, es decir, apenas el 0,7% de los ecuatorianos afirma haber
consumido marihuana en el último año. Invertimos monumentales cantidades de
recursos para controlar la oferta y no se exige ninguna reciprocidad a los
países del “primer mundo” que concentran la demanda.
Para 2010 se supo que en Ecuador se
había encontrado sembríos del arbusto de coca en una superficie total de apenas
25 hectáreas. En este mismo sentido, de los 10.000 laboratorios clandestinos de
fabricación de droga que se destruyeron en el mundo en el año 2008, sólo 3
estaban en Ecuador. El 99% de laboratorios atacados por las autoridades estaban
en Colombia, Perú y Bolivia (JIFE, 2010: 86). Afirmamos, en base hasta lo aquí
expuesto, que el Ecuador mantiene irresponsablemente una de las legislaciones
sobre drogas más severas y punitivas del continente y que esto tampoco se debe
a que sea un gran centro de producción de drogas ilegales.
Sin embargo, creemos que la propuesta no sólo se debe
centrar en la reforma jurídica, misma que implica, en primer lugar: un
reglamento. Mismo que siendo coherente con el artículo 364 de nuestra
constitución, determine las dosis máximas de consumo, pero también formas
alternativas de producción y distribución que, a su vez, le quiten parte de su
financiamiento al crimen organizado (Autocultivo). En segundo lugar, estaremos movilizados y
vigilantes para que el Código Penal Integral se incorporen los criterios
jurídicos necesarios para implementar una política de regulación a todas las sustancias
con propiedades psicoactivas, así como un tratamiento integral que permita transformar
“la problemática de las drogas” en una oportunidad que nos acerque al Buen
Vivir.
Ante lo anteriormente expuesto “exigimos
nuestro derecho a una cultura de paz”, reafirmamos la necesidad de políticas
públicas que no se centren en las “drogas” y su guerra en desmedro de las
personas, sino que afirmamos que las políticas públicas interculturales deben
promover, a través del fortalecimiento del poder popular, el tratamiento
endógeno (propio) de las sustancias con propiedades psicoactivas, mancomunando
los esfuerzo en la construcción del Buen Vivir.
Nuestra propuesta concreta, una vez que se identifica a
las personas que han víctimas de la “guerra contra las drogas”, se plantea su inclusión
social mediante un ciclo productivo que comprende 4 eslabones:
- Investigación Científica y Social para generar nuevo conocimiento que nos permita, basados en nuestra propia capacidad de entender la realidad, construir nuevas formas de relación y de producción.
- Asociación de los individuos en Comunidades Populares de Producción, de Investigación, de Educación, etc. Bajo los principios de la Economía Popular, Social y Solidaria.
- Generación de Valor Agregado (Industria Nacionales Comunitarias), basadas en la producción de las comunidades asociadas se generará valor agregado a la producción, logrando así nuevas dinámicas de relación.
- Distribución, la producción de las Industrias Nacionales Comunitarias, al estar compuesta de productos estratégicos ligados a esta nueva política de producción serán prioridad para los Sistemas de Gestión Pública.
Este ciclo productivo autosustentable, que podría
comenzar con la producción de cáñamo, puede ser aplicado a cualquiera de las
áreas de la producción en nuestro país, así mismo puede ser garante integral de
nuestra construcción de soberanía y Buen Vivir, no solo porque reconoce la
opresión de la que injustamente han sido víctimas miles de personas, sino que
le ofrece a nuestra sociedad una posibilidad cierta de cambiar su matriz
productiva, generando dinámicas de justicia social.
Ecuador
Cannabico
Concientizate Ecuador
Sisak Paway
Asociación de Defensores del Uso del Cáñamo
Organización DiablUma
Concientizate Ecuador
Sisak Paway
Asociación de Defensores del Uso del Cáñamo
Organización DiablUma
Quito-Ecuador, Mayo 2 de 2013